De regeneración, catarsis y política

Que en plena canícula, durante la cual el País parece habitualmente como “cerrado por vacaciones” la prensa no hable del monstruo del Lago Ness, o de avistamientos de OVNIS, es preocupante, porque significa que tiene otros titulares que publicar. ¿Con qué titulares nos encontramos hoy? Pues dependiendo del color del medio de comunicación, podemos leer sobre Camps, acerca del caso Gürtel, sobre Barcenas –el tema de Chaves ya no parece informativamente interesante- y todas las noticias, independientemente de la formación política de la que provengan, tiene un denominador común: la corrupción.

Que los seres humanos somos capaces de lo mejor –y lo peor- es público y notorio, que el dinero tiene muchas capacidades, y entre ellas la de corromper, es una realidad. Lo que no entiendo es esa capacidad de “cerrar filas” cuando es uno de los propios correligionarios el que puede ser corrupto. Y eso afecta a nuestra vida política.

Creo que ahora mismo –en el PP por ejemplo- la preocupación máxima no está en ejercer una oposición razonable y razonada al Gobierno en aquellos temas que consideren necesarios, si no en qué “muertos” puede sacar el Sr. Barcenas de los armarios de la Calle Genova, o cual es el contenido de las cajas que se llevó de su oficina en la sede del partido, y a quién pueden afectar, que en aquellas medidas que se deben discutir en el Congreso de los Diputados. Sinceramente no creo que en este momento –con la que tiene encima- el Presidente de la Comunidad Valenciana este en condiciones de gobernar su Comunidad de forma eficiente.

Al final más que la toma de decisiones en las organizaciones de gobierno, lo que se están tomando son decisiones con respecto a temas que no tienen que ver nada con las organizaciones de gobierno, si no con corruptelas y luchas de poder. Es necesario, que los que detenten puestos políticos, no estén “por encima del bien y del mal”, sino por “encima de toda sospecha”.

Es curioso como, por ejemplo, en el PP nadie habla de Barcenas, de Camps, ni de ningún otro tema que conlleve corrupción, o una mala publicidad para el partido en un claro ejemplo de lo que es la democracia interna de aquellos partidos que no son transversales.

En el PSOE, como tienen también su propia problemática –y más experiencia- calla lo suyo y enciende el ventilador –algo en común con el PP- sobre lo de los demás. Claro esta que el PSOE siempre puede convocar ruedas de prensa para realizar peroratas jocosas acerca de acontecimientos históricos, comparaciones entre dos grandes líderes, etc., de modo que al final los ciudadanos no recuerdan las corruptelas en las que está inmerso (Leire Pajin)

En cualquier caso la postura de los partidos mayoritario tiene una clara lectura: la mejor política es “esperar a que amaine el temporal”. El problema es que al final, los errores de los “gestores” los pagamos los gestionados, esto es los ciudadanos y llega un momento, que cuando otro nuevo caso de corrupción sale a la luz publica, la ciudadanía –en conversaciones de café- se encoge de hombros y dice: son políticos, ¿para que te crees que están ahí?, cuando en realidad el número de corruptos es infinitamente menor que aquellos que están en política por otras razones.

¿Que piensa el ciudadano español de la corrupción en política? Según datos recogido en el “Informe global 2008 sobre la corrupción en España” (http://www.transparencia.org.es/INFORME%20GLOBAL%202008/INFORME%20GLOBAL%20ESPA%C3%91A%202008.pdf)el 63% de los encuestados considera a los partidos políticos son o bastante corruptos o extremadamente corruptos.

Ante la pregunta ¿Cómo valoraría las acciones que su gobierno realiza actualmente para luchar contra la corrupción? (en España)

Muy eficaces: 18%
Eficaces: 15%
Ineficaces: 36%
No lucha contra la corrupción: 13%
No lucha contra la corrupción sino que, además, la fomenta: 10%
NS/ NC: 8 %

De lo que se deduce que el 59 % de la muestra considera que o no son eficaces, o que no se lucha contra ella. Es necesario cambiar este porcentaje.

Como decían los antiguos griegos hace falta una catarsis, entendiéndola como κάθαρσις, purga, purificación, aunque en este caso, estamos en el Siglo XXI, más que una purificación ritual, lo que hace realmente falta es:

Instituir los mecanismos necesarios para facilitar que no pueda haber corrupción en la gestión publica, o al menos –por si lo primero es meramente quimérico- dificultarla lo máximo posible.

Establecer una Ley de incompatibilidades seria. Y finalmente, que el caso de sospechas de corrupción que los culpables, sean juzgados y si son considerados así por un tribunal o un juez, sean condenados, con sentencias justas, y digo justas porque todos sabemos que existe una dicotomía entre lo legal, y lo justo.

Seguir los puntos recogidos en el “Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado” aprobado en España en febrero de 2005 y que contemplan unos consejos marcados por el sentido común, algo que afortunadamente es uno de los pilares fundamentales de UPyD, tales como:

Dedicación al servicio público. Los altos cargos de la Administración General del Estado se abstendrán de aceptar cargos y puestos directivos en organizaciones que limiten la disponibilidad y dedicación al cargo político.

Austeridad en el uso del poder. Los altos cargos evitarán toda manifestación externa inapropiada u ostentosa que pueda menoscabar la dignidad con que ha de ejercerse el cargo público.

Prohibición de aceptar regalos. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que, más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, puedan condicionar el desempeño de sus funciones. En el caso de obsequios de mayor significación, se incorporarán al Patrimonio del Estado.

Objetividad.La actuación de los altos cargos se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio. Se abstendrán de todo tipo de negocios que puedan comprometer la objetividad de la Administración.