Ramón Marcos Allo, la sentencia del TC y el sentido común aplicado a la política.

Ramón Marcos Allo ha publicado una entrada en su blog que me ha sugerido estas líneas, con respecto a un tema que me preocupa y gustaría retomar después de haber leído “que un millón de catalanes” –entraremos en una guerra de cifras- se manifestó ayer en Barcelona, para pedir ¿qué? ¿El incumplimiento de la Ley actualmente vigente?, ¿La revancha por la derrota acaecida durante la Guerra de Secesión?...

Reconozco que he leído esa entrada con sumo interés y concienzudamente porque me interesa la opinión que en la misma se plasma. Ayer, junto con muchos otros compañeros y ciudadanos estuve en esa concentración, convocada por el partido en el que milito, porque entiendo que este Partido es el único que puede no solamente llevar la política a los ciudadanos, sino los ciudadanos a la política.

Tengo que reconocer que quería oír –de primera mano y sin intermediarios- la opinión de UPyD y de su portavoz, Rosa Díez, que para mi representan el sentido común y la realidad de lo que ocurre y transcurre en este País nuestro. ¿Por qué? Porque el mensaje de este partido llega nítido, claro y conciso, en directo, cuando puedes hablar de tú a tú con los protagonistas y no a través de actos orquestados en los que se agitan las banderitas de rigor, después de un suculento bocadillo, o en aquellos que de los que los medios dan –cuando lo hacen- una visión parcial y subjetiva.

Ramón escribe en su blog algo que me sorprende y qué me da que pensar. Al hablar del comunicado de Rosa Díez dice: “…Un manifiesto pedagógico que recordaba que sin el cumplimiento de la Ley democrática y de las sentencias judiciales, tanto de aquellas que nos gustan como de las que no, no hay democracia…” ¿Porqué me sorprende? Porque es tan coherente… que me asombra que algo tan lógico tenga que ser publicado para defenderlo… y porque también está en línea con lo que escribí en mi entrada anterior. Parece que no soy el único que piensa así.

Estoy de acuerdo con el Sr. Marcos me parece –ya no sorprendente, sino increíble- que en pleno Siglo XXI haya que salir a la calle para pedir, para reclamar algo que entiendo que es de cajón: que la LEY –y la pongo con mayúsculas- se cumpla, para que -como expresa Ramón Marcos- “…que se cumplan las reglas mínimas que la hacen posible” Entiendo que se está refiriendo a aquellas normas mínimas que todos nos hemos dado cuando se aprobó –con los votos de todos los ciudadanos de este País- esa Constitución, que si bien necesita algún que otro retoque –vuelvo a insistir en ello- ha demostrado ser un instrumento eficaz para arbitrar la convivencia de todos. Una Constitución que algunos partidos –o lo que es peor, algunos de sus miembros- han “interpretado” a la medida de sus intereses personales, sin tener en cuenta lo que afecta a todos los ciudadanos, y cuando hablo de “todos los ciudadanos” me refiero a aragoneses: catalanes, gallegos, extremeños, araneses, andaluces, vascos, asturianos… en definitiva a todos los españoles, por encima de localismos, autonomismos o regionalismos.

Somos ciudadanos de un País común, por más que algunos, después de tantos años de inmersión “cultural”, o de “legendarias epopeyas” les cueste reconocer -o simplemente- vivir esta realidad.

Hablan con ligereza de que la sentencia del TC representa –obviamente para ellos- un atentado a la “dignidad de Cataluña”… y automáticamente pienso en la dignidad del resto de los ciudadanos españoles.

¿Alguien además de UyD defiende esa dignidad patrimonio de todos y cada uno de nosotros?

Pero lo más sorprendente y preocupante es que una de las personas situadas al frente de esa “multitudinaria” manifestación sea el Presidente de la Generalidad (honorable por más señas) que ocupa ese cargo gracias a las reglas marcadas por esa Constitución que tanto denosta.

Como dice el Sr. Marcos en su blog: “…La democracia con estos hechos está en peligro en España…”

Efectivamente. Parece que no tenemos en cuenta la voluntad popular general –no la voluntad de unos pocos- me refiero a la voluntad de todos. A veces, parece que algunos se olvidan una definición, que -para mi aún está llena de contenido- que se llama “fuerza moral” y que parece que esta demodé. Si, ya sé que hablar de moral y/o ética, en estos tiempos y a algunos miembros de la clase política actual es como hablarles del Mundo de Oz. Pero creo que una de las obligaciones de las instituciones –y de sus miembros- que en definitiva se supone que son el espejo de la sociedad, es la de representar y respetar la Ley y –por lo tanto- las sentencias que de ella emanan.

Por eso no entiendo demasiado la manifestación de ayer, salvo como la expresión del intento de “dictadura iletrada” de una minoría o como un acto de “afirmación nacional” que bien se podría haber desarrollado en el contexto de la Plaza de Oriente en tiempos pretéritos. Una manifestación que más bien parece convocada para defender los intereses de unos pocos frente a los demás, representados por ciudadanos de las más diversas proveniencias: pobres, ricos, extremeños, andaluces o aragoneses… o de cualquier otra parte de la geografía española, que con su trabajo, que con su esfuerzo diario han ayudado y propiciado que una parte de España, sea lo que es hoy en día.

Para mi la grandeza de la democracia está en que todos somos ciudadanos de un País, que podemos elegir a nuestros representantes políticos y que vivimos, trabajamos y nos esforzamos, protegidos bajo el manto de una Ley que emana de los órganos que todos hemos elegido y respetamos… Porque no podemos olvidar que las leyes las redactan aquellos que –encumbrados con nuestros votos- nos representan, tanto en el Congreso, donde las discuten, cambian y sancionan, como en el Senado. Una Ley que nos declara a todos iguales ante ella. Se que en primero de derecho te dicen: “lo legal, no tiene nada que ver con lo justo”.

Nuestra obligación es propiciar que –en la medida de nuestras posibilidades- lo legal sea lo justo y lo justo sea lo legal.

Y si creemos que eso no es así, ya es hora de que lo cambiemos, dejándonos de votos “útiles”, históricos, histriónicos o histéricos. El problema de los nacionalismo es que para justificar su propia existencia cada vez se encierran más en sí mismos, cada vez mienten más acerca de las intenciones que tienen todos aquellos no son “los suyos” y declaran a quién quiere escucharlos –por activa y por pasiva- que la culpa de todas las cuitas de los ciudadanos que administran, no es tanto la propia administración -o sus propios errores- como la culpa de “los otros” que no les respetan.

¿Quiénes son “los otros”? pues aquellos que desde su punto de vista, desde su perspectiva, son diferentes, o que simplemente no gustan de “comulgar con ruedas de molino”.

Un ejemplo: Un amigo vasco me comentaba que no iba a traer el coche a Madrid durante unas vacaciones ya que aún tenia matricula de Bilbao y le habían, jurado -y perjurado- que los coches con matriculas del País Vasco se quemaban en Madrid. Por cierto, el coche estuvo una semana aparcado en una calle madrileña, y aún sigue “disfrutando” –lo entrecomillo por lo antiguo que es el coche- de él. Nadie se lo quemó. Pero si no lo hubiera vivido en primera persona, si no hubiera salido fuera de su Bilbao natal, seguramente sería uno de los que con la plena convicción que da el desconocimiento de la realidad, hubiera confirmado que efectivamente, en Madrid queman los coches vascos por el mero hecho de serlo.

Debemos dejar de esperar que los demás solucionen nuestros problemas, Debemos luchar porque las cosas sean más igualitarias para todos los ciudadanos, independientemente de su cuna o lugar de procedencia. Debemos movilizarnos para que finalmente y a través de las urnas y el cumplimiento de la Ley, impere el espíritu de las mayorías y no el de unas minorías ruidosas e interesadas.

En cualquier caso, como decía Bogart en Casablanca “...siempre nos quedará París” Por eso personalmente no me preocupo demasiado. Me consta –de hecho, lo he soñado- que el Sr. Zapatero ¿Presidente de España? será el garante de la unidad de este País… y para convencerme ya he oído sus declaraciones respecto tener una reunión con el Sr. Montilla para dilucidar como se puede “bordear” la sentencia del máximo órgano constitucional, me imagino que –es una presunción personal- para no perder votos en Cataluña y que el Sr. Montilla intente continuar presidiendo -beneficiosamente- la Generalidad junto con sus “compañeros de viaje”.

A vueltas con el Estatuto de Cataluña

Como ciudadano que vivo en un Estado de Derecho, entendiéndolo como un Estado basado en la Ley, me siento inquieto –profundamente añadiría- por lo que estoy leyendo últimamente en la prensa, y señalo esto porque como cualquier ciudadano, las únicas fuentes de información que tengo son las que dimanan de la prensa. Una fuentes que traro de contrastar, porque ya sabemos que la prensa será el cuarto poder, pero desde luego no es todo lo independiente que debería ser, y tanto las noticias, como su forma de redactarlas, tienen su “color especial”, como Sevilla.

Mi inquietud surge de lo que a mi juicio es un intento de presión, que emana tanto de los partidos políticos catalanes, como de la propia Generalidad de Cataluña, con respecto a la posible sentencia del Tribunal Constitucional, que determine –o pueda determinar- la constitucionalidad (o no) de parte del articulado del tan traído y manido Estatuto de Cataluña.

Todo nace de la aprobación por parte del 90% de los diputados del Parlamento Catalán, del proyecto del Estatuto -El único que no lo aprobó fue el PP- y que según el resto de los partidos catalanes reclamaba la mayoría de la sociedad catalana. Y según ellos este “sentir” es el que legitima la no interferencia del Tribunal Constitucional, dado que el pueblo catalán “ha hablado". Y se sabe “Cataluña locuta, causa finita”, ¿o era Roma?. Es que mi latín...

¿En qué fundamentan la inviolabilidad del Estatuto? Fundamentalmente en los resultados obtenidos en el plebiscito, en qué el 73% de los votos (1.881.765 votantes) dijeron si.

Lo que no dicen es que el 50,59% de los ciudadanos catalanes (2.630.162 votos) se abstuvo de presentarse en la consulta electoral, y que el 5,34% (135.998 ciudadanos catalanes) acudieron a las urnas, pero votó en blanco. En total a un 55,93 % de la población de Cataluña, ni tan siquiera le intereso el plebiscito, esto sin contar los 528.472 ciudadanos (el 20.76%) que dijeron no. Debo confesar que soy rabiosamente de letras, pero claro al escuchar términos como que la “mayoría de la población de Cataluña, que en un 73% se declaró a favor del Estatuto”, pues no me cuadran demasiado las cuentas. Esta claro que las cifras, sirven absolutamente para justificar casi todo.

Este “argumento" de la “inmensa mayoría” es esgrimido, por ejemplo por el Sr. Artur Mas en una entrevista aparecida en el diario El Mundo este domingo pasado, en unas declaraciones que puntualizan cual es la situación actual desde el punto de vista catalán: "No aceptaremos que el Tribunal Constitucional toque una coma de un 'Estatut' que ha sido aprobado en referéndum por los catalanes". "Si la sentencia es negativa, habrá reacción popular en la calle". "Si el Tribunal Constitucional fuera independiente debería inhibirse. Cataluña es una nación, no es una más del café para todos"(http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/05/espana/1252174543.html)

Por su parte, el secretario general de ERC, Joan Ridao, deslegitimiza la posible sentencia negativa hacia el Estatuto desde otro ámbito, asegurando “…que el actual Tribunal Constitucional (TC) debería estar "inhabilitado" para decidir sobre el Estatuto catalán porque una parte de sus miembros tienen prorrogado su mandato”.

Y por si fuera poco el Ayuntamiento de Arenys de Munt se permite el lujo convocar un referéndum sobre la independencia de Cataluña, con la siguiente pregunta: "¿Está usted de acuerdo con que Cataluña se convierta en un Estado de Derecho independiente, democrático y social integrado en la Unión Europea?"

Afortunadamente, el sentido común, en forma de decisión judicial, ha suspendido el acuerdo del pleno del Ayuntamiento que apoyaba la propuesta de la consulta. Pero siguiendo la línea que parece ser que es la única que se está imponiendo con respecto a este tema –que es “lo que digan o puedan decir los jueces solo afecta al resto de los mortales”, el alcalde de la localidad, Carles Mora, ha asegurado que la consulta se hará a pesar de la decisión judicial. ¡¡Viva el imperio de la Ley!!

El problema es que me temo que en caso de que la sentencia del Tribunal Constitucional no se avenga a los deseos del Tripartito, este País no cuenta con el líder idóneo para hacer frente. Está demasiado ocupado en organizar la “Alianza de las Civilizaciones” y en encontrar la solución “mágica” a la crisis económica, que nos atenaza a todos en mayor o menor medida. Por cierto, me gustaría que alguien me explicase de donde va a salir todo el dinero necesario para los sucesivos planes –que han demostrado ser pan para hoy y hambre para mañana- porque me temo que las arcas del Estado están un poco “tocadas”.

Hecha esta pequeña disgresión, ¿Qué piensan en el PSOE respecto de la sentencia del TC?. Bueno algunas declaraciones hechas por sus ministros, son significativas:

Francisco Caamaño (El ministro de Justicia) defiende la presunción de constitucionalidad que goza el Estatuto catalán, tras obtener "el voto mayoritario de los representantes del pueblo español". (http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/05/espana/1252171064.html).

Alfredo Perez Rubalcaba (Ministro del Interior, sobre el Estatut) "España no puede negar la decisión de un Parlamento democrático" (http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20090902/53776810105/rubalcaba-sobre-el-estatut-espana-no-puede-negar-la-decision-de-un-parlamento-democratico.html)

Las declaraciones de uno y otro, cuando menos me sorprenden: Según ellos, los Parlamentarios están por “mas allá del bien y del mal” –gracias Nietzsche- dado que de ellos emanan no solo las leyes, sino también la capacidad para ejecutarlas, esto es desaparece el poder judicial La teoría política clásica que contempla la separación de poderes -ya se sabe esa que dice que existe un poder legislativo, uno ejecutivo y otro judicial- desaparece, por obra y gracia del Sr. Rubalcaba.

No obstante -al final- tampoco tendrá demasiada importancia la sentencia del Tribunal Constitucional. La Generalidad está aprobando, a marchas forzadas aquellas leyes que "cuelgan" del Estatuto, bajo el amparo (admitido por varios constitucionalistas) de que el Estatuto es una ley orgánica en vigor.

Estas comprenden la Ley de la Presidencia de la Generalitat, la del Consejo de Garantías Estatutarias, la Ley de Educación; la de la Vivienda; la de Servicios Sociales o la del Memorial Democrático, quedando únicamente pendientes las del Síndic de Greuges (defensor del pueblo catalán), o la de la Ley Electoral: circunscripciones comarcales (veguerías) y no provinciales.

En definitiva, la Generalidad actúa como si el Estatuto no estuviera amenazado, y parece que se ha puesto la venda antes de recibir una posible pedrada..

La solución... cuando el Tribunal Constitucional quiera... o no, y mientras tanto, sintiendo el aliento de la crisie en la nuca, cada uno haciendo la "guerra por su cuenta"... y riesgo, añadiría yo.