España, la sentencia del Tribunal Constitucional y UPyD.

Me voy a permitir un pequeño apunte personal. Me han comentado algunos compañeros que hace tiempo que no escribo ninguna entrada en el blog, lo cual me llena de satisfacción porque me consta que alguno que otro me sigue. ¿El motivo? He cambiado de domicilio y estoy sin conexión a Internet a pesar de que el proveedor con quien la contraté (ya.com) me aseguró que antes de un mes la tendría disponible, de eso hace –evidentemente- más de un mes y sí puedo enviar esta entrada, es gracias a la inestimable colaboración de un anónimo vecino que tiene su red Wifi abierta.

Pero a pesar de estas vicisitudes personales y tecnológicas creo que lo que está ocurriendo en relación al Tribunal Constitucional, el Estatuto y la propia esencia del Estado de Derecho, bien merece un esfuerzo por mi parte para intentar trasladar al éter digital cual es mi opinión.

Hoy UPyD ha realizado un acto –a pesar del calor- frente al Tribunal Constitucional, en el que Rosa Díez ha leído un manifiesto que recojo al final. Pero me gustaría dar mi opinión personal respecto a lo que está ocurriendo y que sinceramente me preocupa.

No pretendo escribir una entrada “políticamente correcta”, No. Simplemente quiero hablar de mis percepciones –este es un blog personal- y plasmar lo que me sale de las entrañas cada vez que pienso a donde nos quieren llevar algunos personajes –y personajillos- que únicamente contemplan este País desde una óptica interesada, surja está de unos motivos meramente económicos o nazca de que ven a los ciudadanos de este País como un mero número en las estadísticas, que luego se traducirá en votos, votos que les permitirán continuar disfrutando de unos cargos, que no son suyos sino de quienes les han elegido, pero que parecen detentar con una alegría más propia de una prerrogativa personal. Este País es –afortunadamente- algo más de lo que ellos creen vislumbrar desde detrás de las bonitas mesas de sus enmoquetados despachos.

Hablando del Estatuto, se supone que el cumplimiento de una sentencia judicial es necesario –hay que acatarla- porque ese cumplimento es la esencia de la Ley y el fundamento de la confianza del ciudadano en la Ley, que afecta a todos. Creo recordar que afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho, en el que hay que cumplir –insisto- las sentencias judiciales, nos gusten o no, salgamos beneficiados de ellas o salgamos perjudicados, porque en un Estado de Derecho se entiende que el bien de la mayoría es el que prima, sobre los intereses de las minorías y que además una sentencia, desde el mismo momento que es firme, es conforme tanto al espíritu, como a la letra de la Ley.

Esta confianza en las instituciones judiciales es la que garantiza para todos los ciudadanos -lo que no es poco- sus libertades básicas, así como su igualdad ante las leyes desarrollada en el seno de un Estado de Derecho.

Existieron tiempos aciagos en los que en España, simplemente con el “perdón del ofendido” se paralizaba la acción de la Justicia, lo que habitualmente, se conseguía con dinero. Cambiar eso ha costado la sangre y la libertad de muchos, se ha tenido que sufrir una dictadura en la que algunos individuos disponían de una “patente de corso” y aparecían –como partidarios del Régimen- como “intocables” y por encima de toda sospecha. Gracias al Imperio de la Ley hemos pasado a una situación de libertad constitucional y civil en la que cualquier ciudadano –si cree que se han conculcado sus derechos- puede recurrir a la Ley, que es –o debería- ser igual para todos.

 Estamos hablando de una ley –cuyo marco es la Constitución- que defiende al ciudadano de lo que no es justo y que se garantiza su amparo. Una Ley –que no dejan de ser más que unas normas de convivencia- y un sistema judicial que ahora después de que finalmente se ha dictado una esperada sentencia respecto al Estatuto, es interpretada a la medida de los intereses de algunos y entonces, al ser contraria a los intereses de esos pocos, parece que ya no sirve.

 ¿Y cual es la piedra angular de toda esta arquitectura legal, que si bien necesita reformas, aún es lo suficientemente confortable como para dar cabida a todos? Indudablemente, la Constitución. Una Constitución -que hasta su secuestro por parte de algunos- ha sido el marco en el que se han desarrollado nuestras libertades y nuestros derechos como ciudadanos. Y en el aspecto más negativo, las prebendas de algunos que han sido elegidos gracias a esa misma Constitución de la que ahora -con una estrechez de miras manifiesta- parecen abominar.

La Ley, está para cumplirla, puesto que estamos en un Estado de Derecho. ¿Qué nos queda si no? La Ley del más fuerte, la de Lynch, la anarquía…

Vamos a dejarnos de intereses particulares e ir a lo realmente importante: Intentar solucionar los problemas de los ciudadanos y de este País –que a pesar del “Mundo Perfecto” en el que parecen vivir tanto Zapatero, como sus adláteres- los tiene y que no son –ni mucho menos- los que algunos se esfuerzan en “diseñar” desde sus despachos, siempre con la vista puesta en qué les puede beneficiar personalmente.

¿Qué alguien quiere hablar catalán? Que lo hable. Pero también yo tengo derecho a hablar –en la administración autonómica y en cualquier otra parte- español y que me atiendan y me entiendan. Y tengo derecho –también- a esperar que la educación de mi hijo se imparta en una lengua que hablan quinientos millones de personas a lo largo y ancho de este mundo, y no solamente en la que hablan únicamente unos pocos que me merecen todos los respetos, pero que no dejan de ser unos pocos. Y tengo derecho a tener el mismo nivel de atención y derechos –sean del tipo que sean- viva en un rincón y otro de la geografía de nuestra piel de toro.

Se puede intentar manipular la realidad y la verdad, pero siguiendo este axioma que algunos parecen propugnar –y organizan hasta manifestaciones para “legitimarlo”- me permito realizar una serie de elucubraciones:

• En el caso de que en alguna ocasión cometa un delito, en el momento en que el tribunal dicte sentencia, me iré de la sala en el caso de que no me interese, porque claro esta que yo, como parte interesada, no tengo que darle ninguna legalidad a una sentencia en mi contra.
• Si se me multa por alguna infracción de tráfico, organizaré una manifestación –cuanto más multitudinaria mejor- frente al órgano administrativo que proceda, porque evidentemente –por mucho que el acto que he cometido esté tipificado como falta o delito- a mi no me afecta, tanto en cuanto está –presuntamente- en contra de mis “intereses históricos”, como “nación” o simplemente, como… como algo que ahora no soy capaz de definir.
•  Cerremos las cárceles ¿Porqué va a tener más validez la sentencia condenatoria a un delincuente que la que afecta al Estatuto?

Y así podría continuar hasta el infinito desgranando sinrazones. Pero para que quede meridianamente clara mi postura os comunico que yo también voy a declarar independiente mi persona y consecuentemente mi casa (de hecho ya estoy diseñando el pasaporte que se necesitará para entrar en ella). Me niego a pagar los impuestos que me correspondan a la Administración Central. Pero si quiero que las arcas públicas –de esa misma Administración Central a la que no reconozco, o cuando menos me incomoda- me financien mis estudios sobre el pasado lejano, el inmediato o el impacto cultural o socioeconómico –soy aragonés y Aragón en su día fue también un reino independiente- de mi “país”, o sobre la importancia que tiene el “idioma caspolino”, -dícese del “idioma” de Caspe- y que además es el que se habla en mi casa y que por ejemplo tiene la palabra “zarrio” que nunca ha sido lo suficientemente ponderada, bajo el peso imperialista del español. Me imagino que el poner esta palabra en el lugar que le corresponde, me reportará algún benéfico.

 También voy a abrir “embajadas” en otros barrios y conforme reciba más dinero publico –ese que según una ministra del ¿PSOE? ¿Partido a secas? no es de nadie- en otros países, para representar mis intereses y decir que no estoy viviendo en un estado democrático, respetuoso con mi “singularidad histórica” puesto que no me dejan hacer mi “santa voluntad” –y cuando hablo de intereses hablo de los míos personales- nunca mejor dicho.

 ¿Y el dinero? No es importante. Ya lo aportaran –mediante transferencias- mis convecinos y vecinos.

Y para terminar me gustaría hacer una pequeña reflexión: Me encantaría que esa profusión de banderas nacionales, de orgullo de sentirse español continuarán prevaleciendo en el ánimo de todos, después del mundial respecto a aquellos temas –paro, corrupción, terrorismo, hipotecas, etc.- que nos ocupan y preocupan a todos, problemas -que desgraciadamente- van a continuar ahí cuando Sudáfrica solamente un país en el mapa y que esta necesidad nos aportará la ilusión de apostar por un cambio necesario.

Y digo un cambio porque está claro que este Zapatero descafeinado y sin dirección y este Rajoy “a lo suyo” no van a solucionar los problemas de la ciudadanía. Y asimismo desearía que este pensamiento marcara nuestra próxima –como ciudadanos que somos- apuesta electoral.

Es curioso que un partido sin “hipotecas” –ni políticas, ni económicas- sin ningún apoyo mediático se haya convertido en el estandarte de los problemas reales –del día a día- de los ciudadanos, del sentido común aplicado a la política y de un trabajo realizado por y para los ciudadanos, independientemente de donde o en qué Comunidad Autónoma vivan. Evidentemente hablo de UPyD. La explicación es muy clara: ¿Será porque cuantos militamos en este proyecto vivimos la política, pero ninguno vivimos de ella?.

Acércate a este proyecto porque este País necesita más savia fresca, más ilusión y más trabajo.

Te necesita a ti.

MANIFIESTO EN DEFENSA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL (Leído por Rosa Díez frente al Tribunal Constitucional. Madrid. 10/07/2010)

La principal diferencia entre la democracia y cualquier otro sistema político es que la primera se funda en un orden constitucional que garantiza a los ciudadanos sus libertades básicas y su igualdad ante las leyes. La Constitución es la clave de bóveda del edificio legislativo que desarrolla y ordena derechos y obligaciones que deben ser iguales para todos. Por eso atacar la Constitución vaciándola de contenido y debilitando su carácter de ley de leyes, es atacar la libertad, la igualdad y la propia democracia.

En estos últimos años los ciudadanos españoles estamos padeciendo una erosión constante de nuestro orden constitucional, y por tanto de nuestras libertades y de nuestra igualdad ante la ley. Nada hay más frágil que la democracia, cuyo mantenimiento y mejora exige de todos una vigilancia constante y comprometida. Resulta intolerable que los propios gobernantes elegidos para defender el orden constitucional sean quienes más empeño ponen en convertirlo en un caos sin sentido.

Hoy nos hemos reunido aquí, ante la sede del Tribunal Constitucional, para expresar nuestra protesta contra la manipulación de las instituciones encargadas de velar por el mantenimiento del orden constitucional, o lo que es lo mismo, de velar por los derechos y obligaciones iguales para todos, y por nuestra libertad personal. Nos hemos reunido aquí, ante la sede del más Alto Tribunal, para proclamar que sin justicia constitucional, no hay democracia.

La unidad de la Nación española que proclama nuestra Constitución no es otra cosa que la igualdad jurídica de todos nosotros tomados de uno en uno, como sujetos libres y miembros conscientes de la misma democracia. Y esta es, ciertamente, la unidad que pone en peligro la negación del orden constitucional a través de leyes y de acciones de gobierno que no nos consideran ciudadanos de la misma Nación sino que, imponiendo obligaciones y deberes diferentes, convirtiendo privilegios en falsos derechos y arbitrariedades en falsas obligaciones, nos dividen en rebaños enfrentados donde lo que importa no es la libertad y la igualdad entre ciudadanos personalmente diferentes, sino la identificación cerril con un pensamiento obligatorio y uniforme que llaman, sin serlo, “identidad cultural”.

Con la excusa de contentar a nacionalistas descontentos por definición, de potenciar disparatados derechos de lenguas y territorios a base de restarlos a las personas, de reparar viejas heridas sentimentales y resucitados agravios históricos, de imponernos por nuestro presunto bien leyes sectarias que casi nadie reclama, los partidos que gobiernan España y numerosas comunidades autónomas protagonizan constantes ataques contra la Constitución. Sus esfuerzos por controlar y manipular la justicia, la hacienda, los medios de comunicación y todas las demás instituciones públicas para ponerlas al servicio de sus intereses particulares, su contumacia en tomar decisiones claramente inconstitucionales, nos han conducido a una gravísima crisis política.

Naturalmente, la Constitución puede cambiarse para mejorar la democracia. Nosotros proponemos una reforma constitucional que mejore nuestro orden político a la luz de las experiencias de todos estos años. No somos partidarios de la inmovilidad o la fosilización de nuestra Constitución, sino de adecuarla a los retos del siglo XXI. Pero cualquier reforma que se proponga debe ser fiel y leal al orden constitucional, seguir los procedimientos establecidos por la propia Constitución para su reforma. Y lo que rechazamos es la práctica viciosa de cambiar la Constitución por la puerta de atrás, mediante reformas de Estatutos de Autonomía o por medio de leyes y decretos que chocan con su letra y su sentido. Como ciudadanos españoles, libres e iguales, exigimos ser consultados por quienes quieren cambiar la Constitución por la vía de los hechos consumados, burlando el “derecho a decidir” básico de la democracia, el de participar en la toma de decisiones sobre lo que nos afecta a todos y no sólo a una parte de nuestro país.

Cuando el orden constitucional está en peligro, también lo está la libertad de todos y cada uno de nosotros. Es el momento de que los ciudadanos conscientes digamos de nuevo basta ya, como muchos miles dijeron no hace tanto frente al terrorismo y al nacionalismo obligatorio en el País Vasco. Es el momento de exigir el cese de todo ataque contra la Constitución, y el fin del desacato de los gobiernos a las leyes y sentencias que no les gustan.

Como ciudadanos que cumplimos las leyes y acatamos las sentencias de los tribunales de justicia, incluso las que no compartimos, exigimos a los gobernantes, comenzando por el Gobierno de la Nación, que también ellos respeten la legalidad y cumplan y hagan cumplir las sentencias de los tribunales, incluyendo la de este Tribunal Constitucional relativa al Estatuto de Cataluña. Porque un país donde los gobernantes se reservan cumplir o no la legalidad a su conveniencia no es un Estado de derecho, sino el reino de la arbitrariedad. Porque sin justicia constitucional, no hay democracia.

No denunciamos ataques abstractos. Mientras hoy nos concentramos ante el Tribunal Constitucional para defender la Constitución y protestar contra quienes la quieren vaciar de contenido, en Barcelona se celebra una manifestación contra la Constitución convocada expresamente por el presidente de la Generalitat; una convocatoria basada en las falacias de que la voluntad del pueblo y la nacionalidad sentimental están por encima del Estado de derecho y de la nación constitucional.

Con independencia de la opinión que cada cual tenga de los conflictos políticos y jurídicos creados por la irresponsable gestación de un Estatuto de Autonomía claramente inconstitucional --conflictos artificiales de los que el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es el máximo responsable--, la manifestación de Barcelona representa un ataque a la Constitución, y es un acto de desacato al orden constitucional que adquiere su máxima gravedad al estar liderado por el Gobierno y las instituciones de Cataluña.

Es una manifestación contra la separación de poderes y la autonomía de la justicia, contra la igualdad de los ciudadanos y contra el imperio de las leyes mientras sigan vigentes. En definitiva, es una manifestación contra la democracia.

Nosotros exigimos a la Generalitat de Cataluña que cumpla con su obligación democrática de acatar la sentencia del Tribunal Constitucional; y exigimos al Gobierno de la Nación que haga cumplir la sentencia y promueva la derogación de todas las leyes que se han aprobado en desarrollo de artículos declarados inconstitucionales por el fallo del TC. Exigimos que cualquier solución a las deficiencias de la actual estructura territorial del Estado se discutan con transparencia en el Parlamento Nacional, con argumentos y propuestas políticas, impidiendo que el futuro de España, nuestro futuro, sea objeto de oscuros trapicheos celebrados a nuestras espaldas.

El objetivo de la política democrática no es hacer que unos se sientan más cómodos que otros a base de imponernos a todos sus sentimientos, haciéndolos obligatorios; el objetivo de la democracia no es restañar heridas imaginarias ni ganar retroactivamente guerras del pasado. El objetivo de la Constitución no es dar satisfacción a mitos y emociones que, por muy comprensibles y humanas que sean, van contra los principios de solidaridad, libertad e igualdad sin los cuales no hay democracia ni ciudadanía, sólo tribus enfrentadas y encadenadas a emociones primarias.

 La política democrática debe perseguir el perfeccionamiento incesante de las instituciones, trabajar por un gobierno más eficaz y transparente, por un parlamento más representativo y reflexivo, por una justicia más autónoma y justa. La democracia es la consecución de más libertad personal y de más igualdad entre los ciudadanos con independencia de cuál sea su riqueza, su lugar de nacimiento o residencia, su profesión, su lengua materna, su sexualidad, sus creencias y sentimientos de identidad o pertenencia. Libertad e igualdad son los valores supremos que debe preservar y cultivar el orden constitucional de la democracia, y estos son precisamente los valores que están poniendo en grave peligro los ataques contra el orden constitucional de la España democrática que hoy hemos venido a defender.

Ciudadanos, nuestra libertad está amenazada por quienes creen que pueden dividirnos para acabar con la igualdad y la solidaridad entre nosotros, levantando fronteras artificiosas en nombre de mitos y prejuicios que encubren turbios intereses e impiden la regeneración de la política democrática.

Ciudadanos, ¡Basta ya de ataques a la democracia! Ciudadanos, ¡Viva la Constitución!