A vueltas con el Estatuto de Cataluña

Como ciudadano que vivo en un Estado de Derecho, entendiéndolo como un Estado basado en la Ley, me siento inquieto –profundamente añadiría- por lo que estoy leyendo últimamente en la prensa, y señalo esto porque como cualquier ciudadano, las únicas fuentes de información que tengo son las que dimanan de la prensa. Una fuentes que traro de contrastar, porque ya sabemos que la prensa será el cuarto poder, pero desde luego no es todo lo independiente que debería ser, y tanto las noticias, como su forma de redactarlas, tienen su “color especial”, como Sevilla.

Mi inquietud surge de lo que a mi juicio es un intento de presión, que emana tanto de los partidos políticos catalanes, como de la propia Generalidad de Cataluña, con respecto a la posible sentencia del Tribunal Constitucional, que determine –o pueda determinar- la constitucionalidad (o no) de parte del articulado del tan traído y manido Estatuto de Cataluña.

Todo nace de la aprobación por parte del 90% de los diputados del Parlamento Catalán, del proyecto del Estatuto -El único que no lo aprobó fue el PP- y que según el resto de los partidos catalanes reclamaba la mayoría de la sociedad catalana. Y según ellos este “sentir” es el que legitima la no interferencia del Tribunal Constitucional, dado que el pueblo catalán “ha hablado". Y se sabe “Cataluña locuta, causa finita”, ¿o era Roma?. Es que mi latín...

¿En qué fundamentan la inviolabilidad del Estatuto? Fundamentalmente en los resultados obtenidos en el plebiscito, en qué el 73% de los votos (1.881.765 votantes) dijeron si.

Lo que no dicen es que el 50,59% de los ciudadanos catalanes (2.630.162 votos) se abstuvo de presentarse en la consulta electoral, y que el 5,34% (135.998 ciudadanos catalanes) acudieron a las urnas, pero votó en blanco. En total a un 55,93 % de la población de Cataluña, ni tan siquiera le intereso el plebiscito, esto sin contar los 528.472 ciudadanos (el 20.76%) que dijeron no. Debo confesar que soy rabiosamente de letras, pero claro al escuchar términos como que la “mayoría de la población de Cataluña, que en un 73% se declaró a favor del Estatuto”, pues no me cuadran demasiado las cuentas. Esta claro que las cifras, sirven absolutamente para justificar casi todo.

Este “argumento" de la “inmensa mayoría” es esgrimido, por ejemplo por el Sr. Artur Mas en una entrevista aparecida en el diario El Mundo este domingo pasado, en unas declaraciones que puntualizan cual es la situación actual desde el punto de vista catalán: "No aceptaremos que el Tribunal Constitucional toque una coma de un 'Estatut' que ha sido aprobado en referéndum por los catalanes". "Si la sentencia es negativa, habrá reacción popular en la calle". "Si el Tribunal Constitucional fuera independiente debería inhibirse. Cataluña es una nación, no es una más del café para todos"(http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/05/espana/1252174543.html)

Por su parte, el secretario general de ERC, Joan Ridao, deslegitimiza la posible sentencia negativa hacia el Estatuto desde otro ámbito, asegurando “…que el actual Tribunal Constitucional (TC) debería estar "inhabilitado" para decidir sobre el Estatuto catalán porque una parte de sus miembros tienen prorrogado su mandato”.

Y por si fuera poco el Ayuntamiento de Arenys de Munt se permite el lujo convocar un referéndum sobre la independencia de Cataluña, con la siguiente pregunta: "¿Está usted de acuerdo con que Cataluña se convierta en un Estado de Derecho independiente, democrático y social integrado en la Unión Europea?"

Afortunadamente, el sentido común, en forma de decisión judicial, ha suspendido el acuerdo del pleno del Ayuntamiento que apoyaba la propuesta de la consulta. Pero siguiendo la línea que parece ser que es la única que se está imponiendo con respecto a este tema –que es “lo que digan o puedan decir los jueces solo afecta al resto de los mortales”, el alcalde de la localidad, Carles Mora, ha asegurado que la consulta se hará a pesar de la decisión judicial. ¡¡Viva el imperio de la Ley!!

El problema es que me temo que en caso de que la sentencia del Tribunal Constitucional no se avenga a los deseos del Tripartito, este País no cuenta con el líder idóneo para hacer frente. Está demasiado ocupado en organizar la “Alianza de las Civilizaciones” y en encontrar la solución “mágica” a la crisis económica, que nos atenaza a todos en mayor o menor medida. Por cierto, me gustaría que alguien me explicase de donde va a salir todo el dinero necesario para los sucesivos planes –que han demostrado ser pan para hoy y hambre para mañana- porque me temo que las arcas del Estado están un poco “tocadas”.

Hecha esta pequeña disgresión, ¿Qué piensan en el PSOE respecto de la sentencia del TC?. Bueno algunas declaraciones hechas por sus ministros, son significativas:

Francisco Caamaño (El ministro de Justicia) defiende la presunción de constitucionalidad que goza el Estatuto catalán, tras obtener "el voto mayoritario de los representantes del pueblo español". (http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/05/espana/1252171064.html).

Alfredo Perez Rubalcaba (Ministro del Interior, sobre el Estatut) "España no puede negar la decisión de un Parlamento democrático" (http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20090902/53776810105/rubalcaba-sobre-el-estatut-espana-no-puede-negar-la-decision-de-un-parlamento-democratico.html)

Las declaraciones de uno y otro, cuando menos me sorprenden: Según ellos, los Parlamentarios están por “mas allá del bien y del mal” –gracias Nietzsche- dado que de ellos emanan no solo las leyes, sino también la capacidad para ejecutarlas, esto es desaparece el poder judicial La teoría política clásica que contempla la separación de poderes -ya se sabe esa que dice que existe un poder legislativo, uno ejecutivo y otro judicial- desaparece, por obra y gracia del Sr. Rubalcaba.

No obstante -al final- tampoco tendrá demasiada importancia la sentencia del Tribunal Constitucional. La Generalidad está aprobando, a marchas forzadas aquellas leyes que "cuelgan" del Estatuto, bajo el amparo (admitido por varios constitucionalistas) de que el Estatuto es una ley orgánica en vigor.

Estas comprenden la Ley de la Presidencia de la Generalitat, la del Consejo de Garantías Estatutarias, la Ley de Educación; la de la Vivienda; la de Servicios Sociales o la del Memorial Democrático, quedando únicamente pendientes las del Síndic de Greuges (defensor del pueblo catalán), o la de la Ley Electoral: circunscripciones comarcales (veguerías) y no provinciales.

En definitiva, la Generalidad actúa como si el Estatuto no estuviera amenazado, y parece que se ha puesto la venda antes de recibir una posible pedrada..

La solución... cuando el Tribunal Constitucional quiera... o no, y mientras tanto, sintiendo el aliento de la crisie en la nuca, cada uno haciendo la "guerra por su cuenta"... y riesgo, añadiría yo.